Pedimos más inversión y medidas de apoyo a la familia para salir de la cola de Europa en protección familiar

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España es uno de los países de Europa que menos políticas y recursos destina al cuidado de la población más joven y su modelo de protección familiar, el mediterráneo, no resulta eficaz para afrontar la fuerte caída de la natalidad y mejorar las expectativas de los que quieren tener más hijos. Así lo pone de manifiesto un estudio de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), desarrollado por la Universidad de Vigo, con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que analiza las políticas familiares en varios países de Europa subrayando la escasa inversión de España en protección familiar y la necesidad de revisar algunas medidas actuales.

Según el estudio, España es uno de los países en los que existe mayor distancia entre los hijos deseados y los que se tienen y esto es así por un contexto poco favorable a formar familias y, en especial, familias grandes. Entre los factores que condicionan la decisión de tener más descendencia estaría “la baja calidad de algunos empleos, las reducidas expectativas de mejora del mercado laboral, la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar y el escaso apoyo de las administraciones públicas a las familias, especialmente aquellas con mayor número de hijos”.

Y es que, según el estudio, España destina a políticas de familia un porcentaje de su Producto Interior Bruto (PIB) muy alejado al de los países con mejores sistemas de protección a la familia, al dedicar un 1,5%, muy por debajo de Francia, Dinamarca, Suecia o Hungría, todos ellos por encima del 3%; lo que se une a un modelo de protección familiar, el mediterráneo, caracterizado por “un escaso desarrollo de las políticas familiares explícitas, con prestaciones económicas de pequeña cuantía, dotación media en bienes y servicios y alguna ventaja de naturaleza tributaria”.

La consecuencia de todo ello es clara: España tiene un grave problema de natalidad, la población cada vez está más envejecida y su baja tasa de natalidad no permite mantener un equilibrio entre generaciones. “Cuando no se destina lo suficiente a algo tan importante como la familia y además las políticas no se ajustan a las necesidades reales nos encontramos con esta situación. Históricamente, en nuestro país la familia ha sido una de las instituciones mejor valoradas, pero desde hace años este respaldo social no se traduce en una verdadera protección a las familias por parte de las administraciones, y estamos viendo las consecuencias, con una natalidad que cae en picado porque las familias no se sienten protegidas, no cuentan con un entorno favorable a la familia”, señala el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.

Maternidad tardía

El estudio reconoce que hay una situación generalizada de caída de la natalidad en la UE, pero las tasas de natalidad de algunos vecinos comunitarios que han apostado por una mayor atención a la familia, como Alemania o Francia, son superiores. Por el contrario, España es el segundo país de la UE en el que se es madre más tarde, un hecho que viene unido también a la “estigmatización de las madres jóvenes en el mercado de trabajo, tanto mayor cuantos más hijos tengan”, y a que, a los hogares, especialmente aquellos con más hijos, les resulta “una tarea compleja” compaginar el trabajo con la vida familiar. En este sentido, la investigación, dirigida y elaborada por Alberto Vaquero García, profesor titular de Economía Aplicada (Grupo GEN de investigación), y por Jaime Cabeza Pereiro, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo, pone de manifiesto la insuficiencia de las medidas de apoyo a la familia en la primera infancia: con la salvedad del permiso de paternidad, que es de los más altos de Europa, estas políticas se quedan cortas: la baja de maternidad resulta de las más bajas y la excedencia de hasta 36 meses que existe para cuidado de hijos, no está remunerada, lo que se traduce en una medida poco real para las familias, que no pueden prescindir de una fuente de ingresos.

Ante este panorama, la FEFN considera necesario que se refuerce la política de apoyo a la familia, con una mayor inversión y la revisión de algunas medidas, entre otras, las que suponen una discriminación de las familias numerosas, como el no reconocimiento de todos los hijos en los límites de renta o en la propia cuantía de las prestaciones. “Hay que acabar con esta penalización de las familias que tienen más hijos, eliminando el actual límite que hay en prestaciones sociales que sólo se incrementan hasta el segundo o tercer hijo, ¿y el resto de los hijos, no tienen necesidades?” se pregunta José Manuel Trigo.

Parte del estudio de la Universidad de Vigo se centra precisamente en esta cuestión analizando lo que supondría eliminar el actual límite que hay en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y en la prestación y subsidio por desempleo, estudiando tanto la viabilidad jurídica de la medida como su coste. En concreto, en el caso del IMV, considerar el número real de hijos en la cuantía percibida, supondría un coste adicional de 35,1 millones de euros.

También se plantea eliminar el actual límite que hay en la prestación contributiva por desempleo, que sólo reconoce hasta 2 hijos a la hora de establecer la cuantía a percibir por el desempleado, lo que el citado estudio calcula que supondría 66,5 millones adicionales, un gasto “totalmente necesario” dentro de la política de apoyo a la familia y a la infancia, apunta José Manuel Trigo, “para dar una adecuada protección a todos los niños que pertenecen a familias en las que uno de los progenitores, o los dos, se quedan sin trabajo; actualmente, muchos de esos niños, hijos de familias numerosas, están desprotegidos”.

Reforma del subsidio “sin hijos”

En el caso del subsidio por desempleo, cuya reforma acaba de aprobar el Gobierno, la Universidad de Vigo analiza también la viabilidad de introducir el criterio del número de hijos, ya que actualmente esta prestación tiene una cuantía fija, sin importar el número de personas a cargo que tenga el perceptor. Según el estudio, la medida costaría al Estado 207 millones de euros.

La FEFN lamenta que el proyecto de reforma de esta prestación, que aprobó ayer el Consejo de Ministros, no haya tenido en cuenta el criterio de los hijos, “este subsidio se ha reforzado ampliando  algunos grupos, como los menores de 45 años sin cargas familiares, pero parece que no se ha mejorado para las familias con mayor número de hijos, lo que supone no tener en cuenta la necesaria protección a la infancia, cuando varias organizaciones están alertando del alto nivel de pobreza infantil de nuestro país”, señala el presidente de la Federación.

Estudio Univ.Vigo

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